Perdiendo el miedo

Es mucho más que un simple título o una frase hecha. Es una posición que cada día más y más personas que vivimos en Cataluña, seamos españoles o no, asumimos como forma de vida. Y es que estamos en un sistema donde el poder y el dinero son manejados por unos pocos con la venia de los diferentes gobiernos centrales, quienes han ido permitiendo una serie de hechos durante más de 35 años. Son tantos que sería más que imposible mencionar en unos cuantos párrafos.

Quiero indicar que este artículo surge a raíz de dos conversaciones, una con mi hijo, ya con 14 años quien asume posiciones y decisiones. Le expliqué de forma resumida lo referente al Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de Cataluña y el uso del castellano (español) como lengua vehicular, y que esta vez, considerando que es mayor lo exigiré ante el Instituto donde cursa estudios. 

Al respeto sus palabras fueron precisas y concisas, “si está en la ley, que se cumpla, yo no tengo problemas”.

Mi hijo como siempre dándome lecciones.

Y no, no he tenido que recurrir a que es su lengua materna, sino que junto conmigo ha leído la Constitución de España, y por otro lado, conoce que el español es la segunda lengua más importante del mundo, que es un valor añadido que podemos y debemos tener.

La otra conversación fue con mis amigas, y quiero referirme a la última en particular, pues resume muchas charlas que hemos tenido a lo largo de estos 10 años y medio de mi vida en España. Va sobre el mismo tema y la secesión en general. Creo que podría resumir toda la conversación en una palabra, miedo. Y no sólo es el miedo a exigir los mínimos de la ley, o al menos los dictámenes del Tribunal Constitucional sobre el tema para con nosotras, sino para lo que pudiera ocurrirle a nuestros hijos, que puedan ser objeto de bullying, tanto por sus propios compañeros, quienes están “inmersos” en un adoctrinamiento desde todos los ámbitos del sistema, como de incluso sus propios profesores, quienes forman parte, sin duda alguna de esas 43 entidades que conforman el “Som Escola”, quienes sí reciben apoyo institucional y financiero por parte de la Generalidad de Cataluña. 

El miedo es libre, dicen, pero cuando nuestros hijos pueden ser la diana de los llamados independentistas, nacionalistas o más bien, el nombre correcto, secesionistas, el miedo es aún mayor. Porque sabemos cómo actúan, estamos conscientes que no tenemos a quién recurrir, conocemos cuán solos nos encontramos ante el régimen. En esa conversación con mis amigas, madres de amigos y compañeros de mi hijo desde el parvulario, justo en este verano, les dije que iba a exigir el número de horas por semana en español que por ley deben dictarse, que contempla el 25% del total de la semana, y que no incluye en modo alguno como han querido hacer ver desde la Generalidad, las horas del patio. Les indiqué que existe una organización que guía en relación a ello, hablo de Convivencia Cívica Catalana, que podemos hacerlo a través de su página web, llenando los formularios, y a su vez exigir con ley en mano en el instituto que ésta se cumpla. Les invité a hacerlo junto conmigo, la respuesta fue, “tenemos miedo”.

Es absurdo que siendo la lengua co-oficial y la vehicular de todo el Estado debamos exigir que nuestros hijos cursen el porcentaje mínimo de clases de español que deberían tener. Es impensable para quienes nos hemos criado con esa lengua como materna que debamos recordar que existen unas leyes, y más, un dictamen del Tribunal Constitucional que nos ampara (leer página 475).

Sin duda alguna, el trabajo es en extremo complejo.

Cuando sales de Cataluña y hablas con el resto de los españoles, te sorprendes que sólo se escuche una voz, y es justamente de quienes exigen la “secesión”. Nosotros, quienes pedimos que cese la impunidad somos silenciados. He llegado a escuchar que estamos “callados”, que “permitimos”, que “poco hacemos”, y en algún caso, que apenas se nos conoce. Luego de insistirles que el secesionismo es una minoría con mucho poder, me queda un sinsabor, esa sensación de pensar cuán solos nos encontramos.

Existen diferentes organizaciones, desde las más pequeñas a las más visibles mediáticamente, pasando por esas individualidades que se han atrevido a afrontar un monstruo que pisa y avasalla todo a su paso. Usa los medios del Estado para ello, imponiendo “su verdad” como posición única. No debe existir, ni se permite, la disidencia.

No puedo evitar pensar en las listas tan nombradas de “buenos y malos catalanes”, no pude evitar recordar que conozco personas que están en ellas y que han recibido citaciones ante los juzgados por defender a España. No pude evitar transportarme en tiempo y espacio, recordar el Castro-Chavismo y la llamada “Lista Tascón”, más que una simple lista es uno de los mecanismos que usa ese régimen dictatorial de mi tierra natal para coaccionar y reprimir a sus ciudadanos. Siento de cerca esas maneras de regímenes totalitarios en esta España democrática, y puedo entender el miedo. No es fácil de vencer. Quizás a quienes hemos perdido tanto, patria incluida, nos han quitado hasta esto, y por eso, tal vez, somos “más atrevidos”.

Uno de los organismos oficiales a los que deberíamos poder recurrir es al Defensor del Pueblo, en catalán el Síndic de Greuges. Más sin embargo, a raíz de la apertura de una investigación porque un médico habló en castellano a un paciente y, según éste y con el apoyo de entre otros del Síndic de Greuges, vulneró su derecho a ser atendido en catalán, parecería más un “defensor del puesto” que del pueblo. Consultando la página web de esta institución catalana, encontré el “Informe sobre los derechos lingüísticos en Cataluña”, claro, en catalán. He tenido que leer y releer cada párrafo, pues introducen artilugios jurídicos justificables sólo a la vista de los secesionistas sobre el sistema de inmersión lingüística, considerando desde dictámenes de tribunales del Estado Español a un sinfín de artículos procedentes de tribunales catalanes, señalando el por qué ha de ser usado el catalán como lengua vehicular en todos los ámbitos del “país”, entendiendo para este organismo “país” a la Comunidad Autónoma de Cataluña, es decir, a una región de España. Sí, justifican la “discriminación en positivo”, una aberración en cualquier lenguaje, cuando el realmente discriminado es el idioma español (o castellano), el cual es tratado como una lengua extranjera toda vez que se dictan dos o tres horas a la semana, es decir, en el mejor de los casos, contempla un 10% del pensum de estudios de colegios e institutos educativos. Ni qué decir en otros ámbitos donde señala que la lengua a usar ha de ser el catalán, vulnerando todos los derechos lingüísticos de millones de personas que conviven en Cataluña.

Sólo os dejo un par de citas del señalado “informe”, que en resumen señala que la “lengua propia” y oficial es el Catalán, y que en relación al ámbito educativo, las quejas por el uso casi exclusivo del mismo en los centros de primaria y secundaria ha sido poco significativos:

1.      “La Llei de política lingüística formula els conceptes jurídics de llengua pròpia i de llengua oficial. Així el concepte de llengua pròpia aplicat a la catalana obliga els poders públics i les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de manera general i a promoure’n l’ús públic en tots els àmbits” (páginas 11 y 12: Llei de polìtica llingüistica)

2.      “A Catalunya un dels àmbits en què, sens dubte, ha estat més polèmica la defensa dels drets lingüístics ha estat l’educatiu, tot i que també cal posar de manifest l’absència d’un conflicte social real, com ho palesa el fet que el nombre de queixes rebudes sigui molt poc significatiu, fins al punt que en l’apartat de drets lingüístics de l’informe anual al Parlament aquesta matèria no ha estat destacada en els darrers tres anys” (página 22: II.2. Temes rellevants, II.2.1. Àmbit educatiu

Revisando cada uno de estos organismos del gobierno catalán, de sus acciones y sanciones, cada vez entiendo más el miedo. Más aún de cara al 11 de septiembre, cómo toda la maquinaria desde el poder se pone al servicio del secesionismo impunemente, y aun más pensando en el próximo 27 de septiembre. Antes de ese día estaré con mi hijo en el instituto donde cursa clases, con mi ley en la mano, sentencias en la otra exigiendo mis derechos. Quizás con algo de miedo, pero en los bolsillos, mi hijo y sus derechos a ser enseñado en su lengua materna, el español, bien valen la pena.

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