Estos días nos han dejado mil eventos, anuncios y hechos que
no nos pueden dejar indiferentes. O quizás no deberían hacerlo.
Creo que hoy más que nunca es la ciudadanía activa la que
debe ser protagonista de su propia historia.
Probablemente todo cuanto nos ocurre sea conveniente, para
despertar nuestra conciencia, y para hacernos conscientes, reaccionar
pro-activamente, preguntar, ser incisivos, exigir nuestros derechos una vez
conocidos éstos y cumplido nuestros deberes como ciudadanos, como sociedad.
El mes de diciembre no pudo ser más polifacético. Mostró en
lo público unos políticos que distan mucho de lo que queremos que sean, que no entiendan
que son nuestros servidores públicos, que tienen un sueldo que proviene de
todos nosotros, y que tienen responsabilidades morales, jurídicas y políticas. Y
es hora de exigirlas.
En lo local nos ha tocado vivir un proceso “separatista”
financiado desde la Generalitat de Cataluña con el dinero de todos, y cuando
escribo “todos” me refiero al contribuyente, pero de toda España, claro. En este
proceso vivimos un simposio denominado España contra Cataluña: una
mirada histórica (1714-2014),
amparándose en el sagrado derecho de la libertad de expresión, sin considerar
la libertad de expresión de todos quienes vivimos en Cataluña y que pensamos
diferente, de todos los españoles quienes tienen derecho sobre esta su tierra,
y sin considerar la Carta Magna, que en su artículo 2 dice textualmente “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española”… en esos días se nos presentó el Presidente de la
Generalitat con las preguntas que pretende formular en un referéndum a todas
luces ilegal. Sin embargo, quienes vivimos este proceso de manera intensa, no
sentimos en ningún caso el apoyo del Gobierno de España, quien es garante del
Estado, su Constitución y sus leyes. Aparecen grupos como “Terra Lliure”,
quienes hacen apología del terrorismo; un comunicado de Otegi a favor de “Dret
a decidir”, ETA congeniando directamente con un proceso separatista… ¿y qué
ocurre con el gobierno?, ¿quién ha de actuar contra todo esto? ¿realmente esto es un evento local o nacional?.
Durante este mes hemos visto
varias acciones de grupos a favor del aborto, de la “ley de plazos”, donde no
se considera al feto humano como tal. Lo sorprendente de estos grupos es que
defienden los derechos de la “mujer” a decidir sobre su cuerpo, favoreciendo el
asesinato (llamado “interrupción del embarazo”) de un ser que también tiene
derechos, y sus garantes son los padres de esta criatura y una sociedad que
debería velar por ello. Mientras, nos formulamos preguntas, ¿dónde nos hemos
perdido como “humanos”?, ¿qué grupo de animales va en contra de su propia
especie?, ¿dónde está la “moral”?, ¿qué nos ha pasado?, ¿cómo hemos llegado
hasta esto?, ¿la interrupción del embarazo soluciona algo no deseado?, ¿así
lo debemos asumir?, creo que definitivamente, cuando tocamos esto, siento que
hemos llegado a un punto muy bajo como sociedad, donde la vida no tiene valor
por sí misma, y nos sentimos con el derecho, la autoridad de decidir quién nace
y quién no…
Mientras todo esto llena páginas
de periódicos, el gobierno, para muchos pareciera un ser inexistente, nos plena
de impuestos, anuncia subidas de la luz en valores que nos sorprenden, que
chocan contra lo que pensamos, contra los presupuestos y mas, contra una
sociedad que espera aún medidas que estimulen el empleo, que dejen de golpear a
quien lo proporciona, que plantee soluciones. Leemos los periódicos del mundo,
y lo que señala es que el dinero destinado a lo público, al crecimiento de la
burocracia en lo nacional y lo local aumenta inexplicablemente, incumpliendo
con lo solicitado por la UE y lo racional, cuando queremos implantar medidas
anticrisis. Aumentan los sueldos de los grandes. Siguen las ayudas a los
bancos. Pero las pequeñas y medianas empresas, en otrora la parte más
importante de la economía española sigue sin acceso a los préstamos, sin ayudas
pero debiendo cada vez más hacer frente a impuestos y subidas de los insumos
que van haciendo imposible su subsistencia.
No podría dejar de mencionar los juicios por corrupción que
implican la alta casta política, empresarial y monárquica de este país. En particular
el de los EREs donde una juez actúa sola contra toda una trama de corrupción
asentada en los sindicatos, quienes deberían velar por los derechos de los
trabajadores, siendo éstos los afectados. Entre tanto, la “progre” ni les
menciona, peor, va en contra de la propia justicia. El ciudadano de a pié se
siente no menos que desamparado. Vemos como quienes son imputados y juzgados
por delitos que afectan las arcas públicas, es decir, nuestro dinero, están en
plena libertad y la ejercen...nos preguntamos, ¿dónde está la justicia?, ¿a
quién se aplica?, ¿somos realmente iguales ante la ley?.